En un dictamen que contradice el fallo del Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República determinó que el protocolo que regula la objeción de conciencia de la ley de aborto por tres causales “no se ajusta a derecho”. Según determinó la entidad fiscalizadora el protocolo no se ajustaría a derecho porque “es función del Estado garantizar el libre e igualitario acceso a la salud”. Es decir, sólo las entidades privadas pueden invocar la objeción de conciencia institucional.

Además, los órganos privados que tengan convenio con el Estado no podrán negarse a interrumpir embarazos “puesto que al recibir financiamiento público se entiende que sustituyen a los servicios de salud y que forman parte de la red pública de salud”.

Como Acción Republicana rechazamos el dictamen de la Contraloría porque consideramos que este vulnera la libertad de las personas y las instituciones, haciendo obligatoria una prestación que atenta contra la vida de un ser humano, el niño por nacer, y coacciona la libertad del personal de salud y de las instituciones que no quieren ser partes de esta infame legislación.

Nuestra Constitución política señala expresamente que el Estado debe velar por el bien común y, con este dictamen, se atenta directamente a un pilar fundamental de nuestra sociedad: la libertad.

Denunciamos innumerablemente que detrás de esta legislación se pretendía coartar la libertad individual e impedir la objeción de conciencia.

Como Acción Republicana defendemos, incondicionalmente, la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural y no permaneceremos indiferentes ante esta vulneración de la libertad y el derecho a decir que no.

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